Informe: El decreto de Donald Trump declarando Bitcoin y otras criptomonedas como reserva federal
El 6 de marzo de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que marcó un hito en la historia financiera y tecnológica del país: la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin y una Reserva de Activos Digitales gestionada por el gobierno federal. Este decreto, anunciado por David Sacks, el zar de criptomonedas e inteligencia artificial de la Casa Blanca, posiciona a Estados Unidos como un líder en la adopción de criptoactivos y subraya el compromiso de Trump de convertir al país en la “capital mundial de las criptomonedas”. A continuación, se presenta un análisis detallado de este decreto, sus implicaciones económicas, geopolíticas y sociales, así como los desafíos y oportunidades que plantea.
Contexto y antecedentes
La relación de Donald Trump con las criptomonedas ha sido una montaña rusa. Durante su primera presidencia y en los años posteriores, Trump expresó escepticismo hacia Bitcoin y otros activos digitales. En 2019, afirmó en Twitter que las criptomonedas “no son dinero” y que su valor “se basa en la nada”, asociándolas con actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Sin embargo, su postura cambió radicalmente durante la campaña presidencial de 2024. En la Conferencia Bitcoin 2024 en Nashville, Trump prometió desregular el sector y establecer una reserva estratégica de Bitcoin, una idea que resonó entre los inversores y la comunidad cripto, quienes aportaron millones de dólares a su campaña.
Tras su reelección en noviembre de 2024, el precio de Bitcoin se disparó, superando los 109,000 dólares, impulsado por el optimismo sobre sus políticas pro-cripto. Esta evolución refleja no solo un cambio personal en Trump, sino también una estrategia para capitalizar el creciente poder económico y político de la industria de las criptomonedas, así como para contrarrestar la influencia de potencias como China en el ámbito digital.
Detalles del decreto
La orden ejecutiva, firmada el 6 de marzo de 2025, establece dos entidades clave:
- Reserva Estratégica de Bitcoin: Esta reserva se capitalizará inicialmente con aproximadamente 200,000 bitcoins que el gobierno federal ya posee, provenientes de confiscaciones en procedimientos penales y civiles. David Sacks destacó que “no costará ni un centavo a los contribuyentes”, ya que no implica compras directas, sino la reasignación de activos existentes. El decreto prohíbe la venta de estos bitcoins, posicionándolos como una “reserva de valor” comparable al oro en Fort Knox. Además, ordena una auditoría completa de las tenencias digitales del gobierno para confirmar la cantidad exacta.
- Reserva de Activos Digitales de EE.UU.: Gestionada por el Departamento del Tesoro, esta entidad albergará otros criptoactivos confiscados, distintos de Bitcoin, como Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) y Cardano (ADA). Aunque el decreto no especifica compras adicionales, autoriza a los Secretarios del Tesoro (Scott Bessent) y de Comercio (Howard Lutnick) a desarrollar estrategias presupuestariamente neutrales para adquirir más criptomonedas en el futuro.
El anuncio se realizó un día antes de una cumbre cripto en la Casa Blanca, programada para el 7 de marzo de 2025, donde se espera que Trump detalle su visión. Sin embargo, la reacción inicial del mercado fue mixta: Bitcoin cayó un 5.7% tras el anuncio, estabilizándose en 84,707 dólares, posiblemente debido a la decepción de inversores que esperaban compras inmediatas por parte del gobierno.
Implicaciones económicas
La creación de estas reservas tiene profundas implicaciones económicas. En primer lugar, legitima a Bitcoin y otras criptomonedas como activos estratégicos, equiparándolos al oro o las divisas extranjeras en las reservas de la Reserva Federal. Esto podría estabilizar su valor a largo plazo, al reducir la oferta circulante y enviar una señal de confianza al mercado. Sin embargo, críticos como Hilary Allen, profesora de la Universidad Americana, argumentan que una reserva no garantiza liquidez útil, ya que vender estos activos podría desplomar sus precios, beneficiando solo a los holders actuales.
Además, el decreto podría influir en la política monetaria. Aunque Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, afirmó en diciembre de 2024 que la Fed no tiene autoridad legal para poseer Bitcoin, el Tesoro podría desempeñar ese rol, creando una dualidad en la gestión de activos federales. Algunos analistas especulan que esto es un paso hacia un “estándar Bitcoin” implícito, desafiando la hegemonía del dólar, mientras que otros lo ven como una diversificación pragmática frente a la inflación y la incertidumbre económica.
Impacto geopolítico
A nivel internacional, el decreto posiciona a Estados Unidos en una carrera por el dominio de los activos digitales. China, que posee unos 190,000 bitcoins confiscados, podría responder levantando su prohibición de 2021 sobre criptomonedas, como sugirió Anthony Scaramucci en la Conferencia Bitcoin MENA 2024. Esto desencadenaría un efecto dominó, con países como El Salvador (que ya adoptó Bitcoin como moneda legal) y otros emergentes siguiendo el ejemplo.
La medida también podría fortalecer el dólar indirectamente. David Sacks argumentó que las stablecoins, vinculadas al dólar, aumentarían la demanda de Bonos del Tesoro, reduciendo las tasas a largo plazo. Sin embargo, la prohibición explícita de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) en el decreto refleja una apuesta por criptomonedas descentralizadas, en contraste con naciones como China que avanzan en el yuan digital.
Aspectos sociales y regulatorios
Socialmente, el decreto responde a una creciente adopción de criptomonedas en EE.UU., donde 93 millones de personas las utilizan, según Chainalysis. Esto podría acelerar su integración en la economía formal, aunque plantea riesgos como la especulación y el lavado de dinero, preocupaciones que la administración Biden había intentado abordar con regulaciones más estrictas.
Desde el punto de vista regulatorio, el decreto busca desmantelar las políticas de Biden, incluyendo las barreras bancarias para empresas cripto. Sin embargo, la independencia de los reguladores bancarios y la necesidad de aprobación congresional para ciertas medidas (como compras masivas de Bitcoin) limitan su alcance. La senadora Cynthia Lummis propuso en 2024 el “Bitcoin Act”, que busca adquirir un millón de bitcoins en cinco años, pero su aprobación sigue incierta.
Críticas y desafíos
El decreto no está exento de críticas. Los demócratas argumentan que prioriza intereses de campaña (donantes cripto) sobre necesidades sociales, como Medicaid. Además, la familia Trump ha incursionado en criptomonedas con proyectos como World Liberty Financial y el token $TRUMP, lo que genera preocupaciones sobre conflictos de interés. Expertos también cuestionan la viabilidad técnica de gestionar reservas volátiles y la falta de claridad sobre su propósito en emergencias económicas.
Otro desafío es la reacción del mercado. La caída inicial de Bitcoin sugiere que las expectativas infladas podrían derivar en volatilidad. Asimismo, la ausencia de un marco legal claro para ampliar las reservas más allá de los activos confiscados podría frenar su impacto.
Oportunidades y futuro
A pesar de las críticas, el decreto abre oportunidades significativas. Posicionar a EE.UU. como un centro cripto podría atraer innovación y capital, fortaleciendo su liderazgo tecnológico frente a rivales como China. Además, al conservar Bitcoin como reserva de valor, el gobierno podría beneficiarse de su apreciación a largo plazo, un enfoque similar al de El Salvador, que ha duplicado el valor de sus 5,946 bitcoins.
El futuro dependerá de cómo se implemente. La cumbre del 7 de marzo podría clarificar si Trump optará por compras activas o se limitará a los activos existentes. También será clave la respuesta del Congreso y la Fed, que podrían moldear o restringir esta visión.
El decreto de Trump declarando Bitcoin y otras criptomonedas como reservas federales es un paso audaz hacia la integración de los activos digitales en la economía estadounidense. Refleja una apuesta por la innovación y el liderazgo geopolítico, pero también enfrenta riesgos económicos, regulatorios y éticos. Si bien su impacto inmediato es limitado por su dependencia de activos confiscados, sienta las bases para un cambio estructural que podría redefinir el sistema financiero global. En un mundo cada vez más digital, la visión de Trump podría ser un acierto histórico o un experimento costoso; solo el tiempo lo dirá.
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